El debate sobre la necesidad de modificar la Constitución Política del Estado (CPE) en Bolivia ha ganado relevancia entre diferentes partidos políticos, quienes actualmente sugieren cambios fundamentales en la selección de magistrados y en las funciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Esta iniciativa se plantea como reacción a varias controversias acumuladas en años recientes, donde se ha puesto en duda el papel del órgano constitucional supremo en decisiones que, según varios grupos, han excedido sus poderes originales.
Los partidos políticos que promueven esta propuesta afirman que es urgente reevaluar el método actual para seleccionar a las máximas autoridades del Órgano Judicial y del TCP. Opinan que el sistema actual, que se fundamenta en la elección popular de listas de candidatos preseleccionados por la Asamblea Legislativa, ha resultado ser ineficaz, poco claro y altamente politizado. Sugieren, en cambio, un procedimiento más técnico y claro, donde se priorice la idoneidad y experiencia legal de los candidatos sobre las coaliciones partidarias.
Al mismo tiempo, se propone disminuir el alcance de acción del TCP, restringiendo su facultad para reexaminar normas con implicaciones políticas directas. Específicamente, se hace referencia a resoluciones recientes que provocaron fricciones entre el tribunal judicial y otras ramas del Estado, en especial en lo que concierne a la aprobación o rechazo de postulaciones y la interpretación de leyes constitucionales en escenarios electorales. Estas resoluciones han sido percibidas por sectores de la oposición y algunos académicos como una manera de intervención política disimulada, lo cual ha afectado negativamente la credibilidad del tribunal.
Uno de los elementos más discutidos es la posibilidad de introducir una modificación que prohíba de manera expresa la reelección presidencial indefinida, tema que cobró especial notoriedad tras fallos del TCP que permitieron candidaturas controvertidas en procesos pasados. La idea es incluir un candado constitucional que impida reinterpretaciones que contradigan la voluntad popular expresada en referendos.
Asimismo, algunas voces dentro del oficialismo han abierto la puerta a debatir estas reformas, aunque con matices. Mientras ciertos sectores defienden la independencia del TCP como garantía del orden constitucional, otros reconocen la necesidad de ajustes, siempre que se mantenga la estabilidad institucional. No obstante, el tema genera divisiones internas y podría convertirse en un punto de fricción en futuras negociaciones legislativas.
En paralelo, organizaciones ciudadanas, juristas y colectivos cívicos han comenzado a articularse para respaldar la reforma. Argumentan que la confianza pública en el sistema judicial está en su punto más bajo y que es momento de emprender una transformación profunda, que devuelva legitimidad y eficacia a las instituciones encargadas de administrar justicia y velar por la constitucionalidad.
Para llevar adelante una reforma de este calibre, se requeriría de un proceso legislativo complejo, que incluya acuerdos de al menos dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En caso de no alcanzarse este consenso, la alternativa sería activar una reforma vía referendo popular, lo cual demandaría una campaña nacional y la recolección de un número significativo de firmas.
El debate sobre las modificaciones a la CPE se sitúa dentro de un contexto más amplio de críticas al funcionamiento del Estado de derecho y a la falta de imparcialidad de las instituciones judiciales. Además, la demora en las elecciones judiciales, que ha sido criticada tanto a nivel nacional como internacional, ha intensificado la percepción de una crisis estructural en el sistema de justicia de Bolivia.
Con miras a las elecciones generales de 2025, la reforma constitucional aparece como un tema clave en la agenda política del país. La presión ciudadana, el desgaste institucional y la necesidad de recuperar la confianza en el sistema democrático podrían acelerar los tiempos de discusión, aunque el camino para lograr una modificación efectiva y legítima será complejo y disputado. La definición del rol del TCP y el sistema de selección de magistrados será, sin duda, uno de los ejes principales del debate político en los próximos meses.
