La competencia en torno a las elecciones generales en Bolivia sigue desarrollándose con acciones importantes entre los contendientes. De los nueve aspirantes que se registraron originalmente en el proceso promovido por la oposición, ahora permanecen ocho en carrera. La retirada de Amparo Morena, quien había oficializado su candidatura hace solo unas semanas, ha despertado dudas sobre la transparencia y autenticidad del proyecto, provocando tensión entre dirigentes políticos y actores sociales.
Morena expuso motivos personales y desacuerdos con la gestión del proceso al retirarse de la contienda. Su decisión se hizo pública en medio de críticas sobre cómo se están llevando a cabo las normas internas de selección del bloque opositor. Diversos grupos han cuestionado la ausencia de procedimientos claros y acordados que aseguren una contienda justa entre los candidatos, especialmente tras señalamientos de favoritismos y presiones internas.
La instancia opositora encargada de organizar este proceso había sido presentada como una plataforma plural y abierta, con el objetivo de construir una candidatura única que enfrente al oficialismo en 2025. Sin embargo, tras la salida de Morena, figuras políticas y organizaciones sociales manifestaron su preocupación por la aparente falta de garantías democráticas en la interna.
Entre los ocho aspirantes que aún se mantienen en carrera se encuentran dirigentes políticos tradicionales, exautoridades, activistas sociales y representantes del empresariado. Aunque sus perfiles varían considerablemente, todos coinciden en la necesidad de conformar una alternativa fuerte y cohesionada frente al actual partido de gobierno, cuya estructura se mantiene firme de cara al proceso electoral.
La disminución en el número de postulantes también ha abierto la puerta a negociaciones internas para alcanzar alianzas o posibles declinaciones estratégicas. Algunos nombres, con mayor peso mediático o reconocimiento nacional, ya han comenzado a explorar posibles pactos que les permitan ampliar su base de respaldo y posicionarse como la figura de consenso dentro del bloque.
Sin embargo, los esfuerzos de coordinación se ven obstaculizados por tensiones internas, divergencias ideológicas y la ausencia de normativas aceptadas por todos. Hasta ahora, no se ha conseguido definir un calendario preciso ni establecer un método de votación o encuestas para seleccionar al candidato único, lo que ha aumentado la percepción de falta de preparación y desorden.
El ambiente de incertidumbre también ha sido aprovechado por el oficialismo para criticar la solidez del bloque opositor. Voces afines al gobierno han puesto en duda la capacidad de sus adversarios para presentar una propuesta coherente y liderar un proceso democrático transparente, advirtiendo que el retiro de Morena sería un síntoma de fracturas más profundas.
En otro orden de ideas, algunas organizaciones civiles que habían mostrado apoyo a la propuesta de una unidad opositora manifestaron su inquietud por el cambio de los sucesos. Señalan que el proceso tendría que estar basado en principios de inclusión, claridad y mérito, advirtiendo que, si no se ajusta la dirección, se puede poner en peligro la confianza en el futuro candidato seleccionado.
Con las elecciones generales previstas para 2025, cada vez es más urgente consolidar una propuesta unificada. Al mismo tiempo, la presión tanto interna como externa sobre la organización del proceso se incrementa, y toda la atención está centrada en los próximos movimientos de los ocho candidatos que siguen en competencia.
La expectativa de un frente común que logre canalizar el voto opositor y plantear una alternativa viable sigue vigente, pero deberá sortear desafíos organizativos, personales y políticos para cristalizarse. En ese contexto, la reciente declinación de una candidata y los cuestionamientos a la legitimidad del proceso representan una señal de alerta para quienes apuestan por una unidad electoral efectiva.
