La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma constitucional que permite la reelección indefinida del presidente. Con 57 votos a favor y 3 en contra, los legisladores dieron luz verde a una modificación histórica, allanando el camino para que el actual presidente, Nayib Bukele, pueda postularse nuevamente en 2029 si así lo decide. Esta reforma cambia significativamente el panorama político del país al permitir que un presidente pueda competir por tantos periodos como desee, siempre que la población lo elija en las urnas.
El cambio incluye la extensión del periodo presidencial de cinco a seis años, con la posibilidad de que los votantes decidan al inicio y a la mitad del mandato si le otorgan el control de la Asamblea Legislativa. Este control es crucial, ya que es a través de esta Asamblea que se eligen funcionarios de segundo grado y se aprueban o reforman leyes.
Cambios que alteran el procedimiento electoral y su impacto en las próximas votaciones
Además de la reelección indefinida, los diputados también aprobaron la reducción del mandato actual de Bukele de 2029 a 2027. Esta medida busca sincronizar las elecciones presidenciales con las de los diputados, permitiendo que ambas votaciones se realicen en el mismo año, lo que facilitaría la participación de la población.
Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del partido oficialista Nuevas Ideas, destacó que el poder reside en el pueblo y que la decisión final sobre la reelección debe ser tomada por los salvadoreños a través de su voto. Sin embargo, a pesar de la aprobación de estas reformas, Bukele no ha confirmado si buscará un tercer mandato. En una entrevista en junio de 2024, Bukele había mencionado que no aspiraría a la reelección, basándose en el marco constitucional y un acuerdo personal con su esposa.
Modificación en el sistema electoral y la eliminación de la segunda vuelta presidencial
Los parlamentarios también suprimieron la segunda ronda en las elecciones presidenciales. En la actualidad, la fórmula presidencial que reciba la mayoría de los votos válidos en la primera ronda será la triunfadora. Antes, la Constitución exigía que un aspirante presidencial ganara con un mínimo del 50 % más uno de los votos válidos para obtener el cargo en la primera ronda.
Esta modificación fue defendida por los diputados de Nuevas Ideas, quienes justificaron la reforma por los ahorros que representaría para el Estado. Horas después de la aprobación, en una nueva sesión plenaria, los legisladores ratificaron el acuerdo de reforma constitucional, afirmando que este día marcaría un antes y un después para El Salvador.
Respuestas de la oposición tras la aprobación de la reforma
La reforma ha sido ampliamente criticada por la oposición, que considera que esta modificación podría llevar al país hacia un sistema autoritario. Marcela Villatoro, diputada del partido conservador Arena, expresó que con la aprobación de esta reforma “ha muerto la democracia en El Salvador”, acusando al oficialismo de respaldar la consolidación de una dictadura. Por su parte, Manuel Flores, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), expresó que las reformas eran un intento del oficialismo por mantener el poder por tiempo indefinido, con el temor de perder las elecciones futuras.
Claudia Ortiz, perteneciente a Vamos, igualmente criticó las reformas, describiéndolas como un esfuerzo por mantener el poder en manos de un partido único en lugar de devolverlo a la ciudadanía. Según Ortiz, las reformas contravienen el artículo 88 de la Constitución, que señala que la rotación en el poder es fundamental para preservar el sistema político del país.
Oposición de la ciudadanía frente a la modificación de la reelección sin límites
La entidad Acción Ciudadana se ha pronunciado igualmente en oposición a la reforma, argumentando que la posibilidad de reelección sin límite termina con la vía electoral como un mecanismo para la alternancia democrática. De acuerdo con Acción Ciudadana, esta acción podría traer efectos perjudiciales para la estabilidad democrática y el equilibrio de poder en el país.
