HTML>Bolivia se encuentra en una fase clave para su democracia: la selección de las próximas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) depende de una Asamblea Legislativa que actualmente está muy dividida políticamente. Esta labor, que demanda amplios acuerdos, ocurre en un entorno de conflictos internos, ausencia de mayorías definidas y una desconfianza creciente de la población hacia los protagonistas del sistema político.
El mandato de los actuales vocales del TSE, salvo una excepción, ha vencido o está próximo a hacerlo, lo que obliga a la Asamblea a definir a las nuevas autoridades antes del cierre del año para garantizar la organización del calendario electoral 2025. Esta elección es clave, no solo por el rol operativo del Tribunal en los comicios, sino también por su función de árbitro y garante de la transparencia en un escenario marcado por denuncias cruzadas, polarización y antecedentes de crisis institucionales.
El proceso de renovación implica la selección de siete vocales: seis designados por el Legislativo y uno por el Ejecutivo. Para su designación, los postulantes deben atravesar una etapa de evaluación técnica y meritocrática, seguida de una votación en el pleno de la Asamblea. Este último paso exige una mayoría calificada de dos tercios, un umbral que, en el actual panorama político, solo puede alcanzarse mediante acuerdos entre varias fuerzas.
La Asamblea Legislativa se conforma por tres grupos principales: el Movimiento al Socialismo (MAS), que conserva todavía un peso importante aunque ya no cuenta con el dominio de épocas pasadas; Comunidad Ciudadana (CC), bajo el liderazgo de Carlos Mesa; y Creemos, dirigido por Luis Fernando Camacho. No obstante, dentro del MAS se observan divisiones significativas entre los seguidores fieles al exmandatario Evo Morales y aquellos que apoyan al presidente actual. Estas divisiones han complicado la formación de acuerdos incluso dentro de la misma organización.
La fragmentación ha derivado en un prolongado estancamiento legislativo en varias materias clave, y el proceso de designación del TSE podría no ser la excepción. Sin consensos, la renovación del órgano electoral corre el riesgo de demorarse, lo que podría comprometer la organización de las elecciones subnacionales y nacionales previstas en el mediano plazo.
Sumado a esto, existe la presión de grupos sociales y entidades ciudadanas que piden un proceso transparente, basado en méritos y sin influencias políticas. La falta de credibilidad que afecta a las instituciones, intensificada por crisis electorales previas, ha provocado una demanda extendida de objetividad y profesionalismo en la formación del nuevo TSE. En este contexto, ciertos expertos señalan que una selección influenciada por cálculos políticos o reparticiones de cuotas partidistas podría aumentar la desconfianza en el sistema electoral.
El órgano encargado de llevar adelante la preselección ya publicó la convocatoria para que los aspirantes presenten su documentación, abriendo un plazo para postulaciones que permitirá evaluar tanto la trayectoria profesional como los antecedentes éticos de los candidatos. Posteriormente, se espera una fase de entrevistas públicas, donde la ciudadanía podrá observar el desempeño de los postulantes y, eventualmente, formular observaciones.
Mientras tanto, diferentes figuras políticas han empezado a manifestarse sobre la relevancia de proteger la autonomía del TSE. Aunque todos los grupos coinciden en la necesidad de robustecer la institucionalidad electoral, surgen discrepancias en cuanto a los criterios de selección, los perfiles ideales y los mecanismos de control ciudadano sobre el proceso.
En esta situación, la nación se enfrenta a un reto dual: actualizar su entidad electoral con legitimidad y eficacia, mientras pone a prueba la habilidad de su clase política para formar consensos en un período en que la división amenaza con detener decisiones cruciales. No solo se trata de la estructura del TSE, sino también de la confianza en el sistema democrático boliviano en su totalidad.
