La segunda parte del debate presidencial, prevista para celebrarse este martes 12 de agosto en La Paz, fue suspendida de manera imprevista a menos de 48 horas de su realización, según indicó un vocal del Tribunal Electoral. La razón principal: la ausencia de varios postulantes y dificultades en la transmisión televisiva, factores que, según la autoridad, comprometen los objetivos de una contienda con presencia plural.
Tres de los ocho candidatos dieron por escrito su negativa a participar, argumentando compromisos ineludibles con el cierre de sus campañas: Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa. Esta situación generó una fractura en la representatividad del debate, lo que, según señaló la fuente, deslegitima el formato y erosiona su impacto directo sobre el electorado.
Un cuarto participante, Jhonny Fernández, se encuentra en un estado de incertidumbre comunicativa: aún no ha garantizado su presencia ni ha expresado una decisión clara. Esta inseguridad suma una capa adicional de caos a la planificación del evento.
Además, las empresas televisivas que habían transmitido la primera instancia, realizada en Santa Cruz de la Sierra el pasado 1° de agosto, informaron que no continuarían vinculadas al nuevo segmento. Esto se suma a un problema técnico que, según el vocal, hace a la imposibilidad de realizar el segundo debate. La combinación de falta de cobertura y ausencia de candidatos resultó letal para su concreción.
El primer segmento del debate, desarrollado en Santa Cruz, abordó temáticas vinculadas con la política institucional, la justicia, el medio ambiente y cuestiones sociales, como los derechos humanos. En esta ocasión, la discusión se proponía focalizar en el eje económico y la crisis nacional, temas sensibles ante la proximidad de las elecciones legislativas.
La suspensión del foro priva al electorado de acceder a importantes propuestas sobre economía. Esta falta se percibe como una chance perdida, especialmente cuando las campañas refuerzan su actividad y las posturas se delimitan más nítidamente.
El resultado final también genera preguntas sobre la colaboración entre el organismo electoral y los aspirantes, particularmente en cuanto a la forma en que se organizan las agendas de información y cómo se combinan las presiones de logística, las agendas políticas y los medios de comunicación.
Desde el punto de vista institucional, la suspensión representa una dificultad añadida. La planificación de este debate indicaba un esfuerzo por equilibrar territorialmente las instancias de discusión. Con esta cancelación, La Paz—que debía ser sede del tramo final—pierde ese espacio de exposición directa.
En paralelo, la decisión plantea una reflexión sobre la pertinencia de programar eventos comunicacionales en fechas que coinciden con cierres de campañas. La concentración de actos de cierre parece haber resultado una barrera para la participación activa de ciertos candidatos, lo que alimenta dudas sobre la eficacia de los plazos electorales vigentes.
En síntesis, la suspensión del segundo debate presidencial anuncia una fractura en el proceso de diálogo político. La falta de alternativas inmediatas para retomar ese espacio público deja en evidencia fragilidades tanto en la comunicación entre actores políticos como en la logística estatal. En un año atravesado por disputas territoriales y campañas aceleradas, la señal es clara: aún resta afinar los mecanismos que aseguren debates inclusivos y bien coordinados.
