A menos de un año para las elecciones generales en Bolivia, la presencia del exlíder Evo Morales nuevamente toma protagonismo en la escena política. El antiguo presidente ha presentado una solicitud formal para ser habilitado como candidato a la presidencia en las elecciones de 2025, un movimiento que revoluciona el entorno electoral y agudiza las divisiones dentro del partido en el poder.
Morales ha invocado el principio de la igualdad de derechos para todos los ciudadanos y ha criticado el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que, en diciembre del año pasado, determinó que la reelección indefinida no es un derecho humano, desmintiendo una interpretación previa que él empleó para postularse en 2019. De acuerdo con el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), esta reciente resolución restringe sus derechos políticos y está influida por intereses externos a la Constitución.
La petición de Morales se produce en un contexto de fragmentación interna en el MAS, donde distintos sectores pugnan por el liderazgo rumbo a las presidenciales. La administración actual, encabezada por el presidente Luis Arce, ha mantenido una relación tensa con Morales, marcada por distancias estratégicas y visiones divergentes sobre la conducción del partido y del país.
Desde que volvió a Bolivia después de su exilio posterior a la crisis política de 2019, Morales ha trabajado para recuperar su posición como el líder indiscutible del MAS, apelando a su apoyo en el movimiento cocalero y en áreas rurales. En sus últimas declaraciones, aseguró ser objeto de una «prohibición política» y acusó a las acciones judiciales de intentar bloquear su participación en las elecciones.
Sin embargo, el escenario legal es complejo. La decisión del TCP establece que la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios democráticos contenidos en la Constitución boliviana, por lo que cualquier intento de habilitación por esa vía podría ser rechazado por los órganos electorales. Morales sostiene que esta interpretación atenta contra la soberanía popular y que será el pueblo quien decida, en las urnas, si desea o no su regreso.
Expertos estiman que la eventual candidatura de Morales podría cambiar totalmente el panorama político en Bolivia. Aunque ciertos grupos dentro del MAS lo consideran un dirigente legítimo con respaldo popular, otros temen que su presencia divida aún más a la coalición en el poder y reduzca sus posibilidades en las elecciones. La oposición, por otro lado, ha manifestado su desacuerdo con una posible candidatura del antiguo mandatario, al que acusan de intentar eternizarse en el poder.
La duda acerca de su habilitación genera complicaciones al Tribunal Supremo Electoral, que tendrá que emitir su opinión si la petición se presenta formalmente ante ellos. Actualmente, no existe una candidatura registrada oficialmente, pero las actividades dentro del MAS y las afirmaciones de Morales auguran una campaña dividida.
El futuro inmediato de Bolivia parece, una vez más, ligado a la figura de Morales. Su intención de volver a disputar la presidencia abre interrogantes sobre la legalidad, la legitimidad y el impacto político de su eventual candidatura. En medio de un clima de alta tensión y división, el proceso electoral de 2025 se perfila como un momento decisivo para el país andino.
