El escenario político en Bolivia adquirió un nuevo conflicto después de que se hiciera pública la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de desestimar a Jaime Dunn como aspirante a la presidencia por el partido Nueva Generación Patriótica (NGP). La iniciativa, revelada formalmente por el organismo electoral, ha provocado una serie de respuestas en el entorno político y legal, avivando la discusión acerca de los requisitos para la habilitación de candidatos y la amplitud de interpretación de las actuales regulaciones en el campo electoral.
Dunn, economista y personalidad conocida, había oficializado su candidatura meses antes, respaldado por un plan enfocado en la reforma política, la reducción del gasto público y la promoción de un modelo económico liberal. Su candidatura ofrecía una opción distinta al panorama controlado por las fuerzas políticas tradicionales, especialmente el oficialismo y los partidos con presencia parlamentaria consolidada.
La razón dada por el TSE para la descalificación está vinculada al incumplimiento de requisitos legales, principalmente en lo que respecta a la residencia efectiva en el país durante los dos años previos al proceso electoral. Según el tribunal, Dunn no habría probado de manera convincente su estancia ininterrumpida en suelo boliviano durante el periodo requerido por las normativas electorales. Esta condición, prevista en la ley vigente, ha sido interpretada de distintas maneras en procedimientos anteriores, lo cual fomenta la discusión sobre su implementación.
El grupo legal de NGP respondió contundentemente, acusando al TSE de comportarse de manera arbitraria y aplicar las normas de forma selectiva. Sostuvieron que Dunn ha mantenido su hogar fijo en Bolivia y que sus viajes al extranjero fueron temporales, relacionados con actividades profesionales y personales acordes con su condición de ciudadano residente. También indicaron que se presentará una apelación ante las autoridades correspondientes, incluido el Tribunal Constitucional Plurinacional, para anular la resolución.
Desde otros sectores políticos, las reacciones fueron mixtas. Algunas agrupaciones opositoras manifestaron preocupación por lo que consideran un uso discrecional del sistema de habilitación, advirtiendo que este tipo de decisiones podría limitar la participación democrática y cerrar el camino a nuevas opciones políticas. Por otro lado, voces afines al oficialismo señalaron que el cumplimiento estricto de los requisitos legales es indispensable para preservar la transparencia del proceso electoral.
La inhabilitación de Dunn se produce en un contexto de creciente efervescencia política, con miras a los comicios generales programados para 2025. A medida que se acercan los plazos para la presentación de candidaturas y la oficialización de fórmulas presidenciales, el rol del órgano electoral adquiere mayor protagonismo, así como el escrutinio sobre su accionar.
En este escenario, la decisión del TSE no solo impacta directamente a la agrupación Nueva Generación Patriótica, que se ve obligada a replantear su estrategia, sino que también alimenta las tensiones sobre la imparcialidad y legitimidad del árbitro electoral. La figura de Jaime Dunn, aunque ahora fuera de carrera, podría continuar influyendo en el debate público, ya sea a través de su activismo político o mediante alianzas con otras fuerzas opositoras.
La situación impulsa un debate más extenso acerca de la necesidad de revisar y precisar las normas electorales, especialmente en lo que concierne a los criterios de residencia y el manejo de situaciones en las cuales ciudadanos con fuertes lazos con el país han estado ausentes por razones laborales o educativas. Varios expertos alertan que sin una jurisprudencia coherente y clara, este tipo de disputas continuarán ocurriendo.
Con la resolución del TSE ya comunicada, Nueva Generación Patriótica tendrá que determinar si persiste en el camino judicial para restituir la candidatura de Dunn o si elige proponer un nuevo candidato presidencial dentro de los tiempos estipulados. En cualquier escenario, la inhabilitación introduce un nuevo factor de incertidumbre en el proceso electoral boliviano, caracterizado por un elevado grado de polarización y una población cada vez más vigilante del progreso institucional del país.
