El ámbito político en Bolivia ha experimentado un nuevo cambio con la declaración del exmandatario Evo Morales, quien ha solicitado poder postularse como candidato en las elecciones presidenciales previstas para 2025. Morales, protagonista clave en la escena política nacional por los últimos veinte años, argumenta que no permitirle concursar en los comicios representa una transgresión a sus derechos políticos y a los valores democráticos.
La demanda del exmandatario se da en un contexto de tensiones crecientes al interior del oficialismo, donde las divisiones entre distintas corrientes del Movimiento al Socialismo (MAS) se han hecho cada vez más evidentes. Morales ha acusado a sectores del gobierno actual de intentar obstaculizar su candidatura mediante maniobras jurídicas y políticas, con el objetivo de debilitar su liderazgo y consolidar el control institucional desde otras facciones.
Un aspecto central de la discusión es cómo se interpreta la decisión del Tribunal Constitucional, que hace años determinó que la reelección sin límite no constituye un derecho humano, anulando así la justificación que se empleó para la candidatura de Morales en 2019. Desde ese momento, ha existido un debate continuo sobre si el expresidente tiene la posibilidad de postularse nuevamente en las elecciones, después de haber ocupado la presidencia en tres ocasiones consecutivas.
Morales ha expresado que su caso necesita ser examinado a la luz de los estándares internacionales relativos a los derechos humanos, afirmando que no puede existir regla alguna que limite de manera arbitraria el derecho de alguien a ser escogido, sobre todo si cuenta con apoyo popular. Asimismo, ha llamado a sus seguidores a movilizarse en defensa de su habilitación, advirtiendo que cualquier intento de bloqueo político no hará más que intensificar la polarización en el país.
El anuncio ha generado reacciones encontradas. Mientras sus seguidores consideran que su postulación es legítima y necesaria para asegurar un “retorno al proceso de cambio”, críticos del exgobernante lo acusan de intentar perpetuarse en el poder y de desoír el mandato del referéndum de 2016, en el cual la mayoría del electorado votó en contra de una nueva reelección.
El contexto se vuelve más complicado por el escenario político en Bolivia, marcado por un ambiente de división, falta de confianza en los organismos electorales, y frecuentes manifestaciones sociales. Los conflictos internos en el MAS, entre los conocidos como «evistas» y «arcistas», podrían llevar a una fractura mayor, impactando la estrategia electoral del partido gobernante y su habilidad para presentar una candidatura conjunta.
Asimismo, partidos opositores han destacado que la vuelta de Morales al epicentro del debate podría avivar antiguos conflictos y desviar el enfoque de los problemas inmediatos del país, tales como la situación económica, los cambios en el sistema judicial y la batalla anticorrupción. También han expresado su inquietud por el posible uso de la justicia con objetivos políticos, ya sea para perjudicar o favorecer a ciertos aspirantes.
En medio de este escenario incierto, el órgano electoral aún no ha emitido un pronunciamiento definitivo sobre la habilitación de Morales, aunque sí ha señalado que actuará en estricto apego a la Constitución y a las decisiones judiciales vigentes. Sin embargo, el debate sobre la legalidad y la legitimidad de su eventual candidatura promete intensificarse en los próximos meses, con implicaciones de fondo para el rumbo de la democracia boliviana.
La presión social, los recursos legales y la dinámica interna del MAS serán factores determinantes en la resolución de este nuevo capítulo político. Por ahora, Morales mantiene firme su intención de competir, y su llamado a movilización anticipa un escenario electoral altamente disputado, en el que la confrontación no solo se dará entre oficialismo y oposición, sino también dentro del propio partido de gobierno.
Con la mirada puesta en 2025, Bolivia se encamina a una etapa de definiciones clave, en la que el papel de Evo Morales, su eventual participación y las reglas del juego electoral serán piezas decisivas para comprender el nuevo mapa político que emergerá en el país andino.
