La Fiscalía General de la Nación anunció que el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay será investigado bajo la figura de crimen de lesa humanidad, un paso que garantiza que el proceso judicial no prescriba y permanezca activo hasta esclarecer todas las responsabilidades. La decisión marca un hito en la investigación, elevando la gravedad del caso y colocándolo al nivel de otros magnicidios históricos en Colombia.
El asesinato de Uribe Turbay, llevado a cabo en un atentado contra el dirigente político del Centro Democrático, fue considerado por las autoridades judiciales como una agresión organizada con intenciones políticas, y no como un evento aislado. Esta clasificación conlleva que tanto la investigación como las posibles penas legales no estén sujetas a prescripción, garantizando así un monitoreo constante hasta el completo esclarecimiento del delito.
Información sobre los acusados y el progreso del juicio
Hasta este punto, la Fiscalía ha llevado a juicio a cuatro personas relacionadas con el asesinato, bajo la acusación de homicidio agravado. Entre los implicados está alias “el Costeño”, acusado de ser el autor intelectual del crimen; alias “Claro”; alias “Andrea” o “Gabriela”, quien supuestamente suministró el arma al joven sicario; y Cristian Camilo González, quien manejó la moto utilizada para huir después del ataque. Además, William Fernando González, conocido como “el Hermano”, ha sido formalmente acusado por su implicación en el atentado.
Dos de los arrestados están siendo acusados adicionalmente de asociación ilícita, debido a la supuesta premeditación del delito. Las sanciones estipuladas para estos actos van de 33 a 50 años de cárcel, mostrando la seriedad de la situación. Las autoridades siguen examinando quién fue el responsable de dar la orden del ataque, mientras que la comunidad colombiana clama por justicia y un completo esclarecimiento.
Crímenes de lesa humanidad: significado y dimensión en Colombia
En Colombia, se considera crimen de lesa humanidad a una acción sumamente grave realizada como parte de un ataque amplio o sistemático dirigido contra la población civil. Estos actos criminales abarcan asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, deportaciones, desplazamientos forzados, agresiones sexuales y persecuciones por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del cual Colombia es parte, sustenta la definición y establece que estos crímenes no prescriben, permitiendo que los responsables sean investigados y juzgados sin límite de tiempo. La característica fundamental es que los actos sean parte de un patrón planificado y sistemático, dirigido contra civiles, sin importar la existencia de conflictos armados o guerra.
Señales distintivas entre un crimen de lesa humanidad y un homicidio común
Los expertos destacan tres criterios esenciales para identificar un crimen de lesa humanidad:
- Contexto: los actos ocurren como parte de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil. No se trata de incidentes aislados ni accidentales.
- Magnitud: involucran múltiples y graves violaciones, como asesinatos masivos, torturas o desapariciones forzadas, generando impactos significativos sobre la sociedad.
- Intención: buscan afectar de manera deliberada a un grupo específico, motivados por razones políticas, ideológicas, étnicas, religiosas o de persecución. En el caso de Uribe Turbay, se trata de un ataque directo contra líderes y seguidores de un partido político, con el objetivo de debilitar su representación y generar miedo entre la población afín.
Aspectos legales y normativos
El hecho de clasificar este asesinato como un crimen de lesa humanidad incrementa su importancia en comparación con otros asesinatos de gran magnitud sucedidos en Colombia, como los de Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez Hurtado, cuyos casos legales se prolongaron por muchos años. La Fiscalía resalta que esta clasificación garantiza que las indagaciones sigan vigentes, preservando la demanda de justicia ante la comunidad.
El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia Uribe Turbay, señaló que “este no fue un ataque aislado, sino sistemático contra un líder de la oposición, con implicaciones políticas directas que buscaban afectar a un partido entero”. Esta perspectiva refuerza la gravedad del caso y subraya la necesidad de esclarecer las responsabilidades de todos los implicados y de quienes ordenaron el crimen.
