El hombre de negocios y dirigente político Samuel Doria Medina dio a conocer un paquete de medidas audaces que planea implementar en caso de ganar las elecciones generales de 2025 para iniciar su posible mandato presidencial. Bajo el título simbólico de “Se acabó la fiesta”, el candidato afirmó que su primer decreto buscará una reforma profunda del gasto del gobierno, eliminando beneficios, reduciendo gastos innecesarios del aparato estatal y redirigiendo esos fondos hacia áreas esenciales como salud, educación y programas sociales.
En su declaración, Doria Medina especificó que, durante los primeros 100 días de su gobierno, intentará economizar más de 2.400 millones de bolivianos mediante una serie de reducciones que incluyen desde la eliminación de viáticos superfluos hasta la eliminación de gastos en refrigerios, ropa y equipo no necesarios en oficinas públicas. El proyecto, según indicó, no es meramente un acto de austeridad, sino un esfuerzo por recuperar la confianza de la población en la gestión pública, disminuir el déficit fiscal y establecer un contraste con lo que describió como una «fiesta de despilfarro con los recursos del pueblo».
Un aspecto crucial de su propuesta es la clausura de medios gubernamentales catalogados como «herramientas de propaganda oficial». En este sentido, afirmó que, si llega a la presidencia, decretará el cierre inmediato del diario estatal y detendrá las emisiones de la red de radio y televisión del Estado durante 60 días. Durante este tiempo, se iniciará un debate nacional para transformar el sistema de medios públicos en uno realmente independiente, transparente y orientado al bien común.
Otra medida destacada es la eliminación de consultorías externas innecesarias, cuya contratación, argumentó, ha sido utilizada por años como una vía para crear empleos políticos y canalizar recursos discrecionalmente. Estas consultorías, muchas veces duplicadas o mal supervisadas, representan una porción significativa del presupuesto anual. El candidato propone que las tareas técnicas se concentren en funcionarios de planta debidamente capacitados.
Doria Medina también apuntó contra los beneficios de los altos ejecutivos de las empresas públicas, quienes, en su opinión, gozan de sueldos y bonos desproporcionados en comparación con los resultados que entregan. Su decreto establecería la prohibición de cualquier tipo de bono o prima para ejecutivos de empresas estatales, además de revisar los gastos de representación y beneficios complementarios.
En el ámbito administrativo, el plan contempla una racionalización del uso de vehículos oficiales, recortes en el consumo de combustibles, y una estricta regulación de los viajes al exterior por parte de funcionarios, limitando estos a misiones estrictamente indispensables. A esto se suma la eliminación de ceremonias, celebraciones y actos protocolares financiados con fondos públicos, con excepción de actividades cívico-militares como el desfile del 6 de agosto.
Doria Medina sostiene que estas medidas no solo buscan sanear las finanzas públicas, sino también enviar un mensaje claro de ruptura con prácticas que considera clientelares, opacas e insostenibles. Según explicó, los fondos ahorrados serían redireccionados a reforzar la Renta Dignidad, mejorar los servicios de salud y garantizar la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables.
El anuncio forma parte de su estrategia de campaña para las elecciones de 2025, en las que busca capitalizar el malestar ciudadano frente a lo que muchos perciben como un Estado burocrático, lento y caro. Su propuesta contrasta con otros programas más moderados que plantean reformas graduales. En cambio, él se presenta como el candidato del “cambio inmediato y real”.
La reacción inicial a la propuesta ha suscitado discusiones. Algunos grupos de la población y expertos económicos perciben positivamente un plan que elimine el gasto innecesario del gobierno. Sin embargo, otros alertan sobre el peligro de implementar cambios radicales sin el adecuado consenso o de desarmar estructuras sin un claro plan de transición. A pesar de esto, Doria Medina parece estar preparado para enfrentar ese costo político inicial, confiando en que la claridad y la eficacia serán cualidades que la población sabrá valorar.
La iniciativa denominada «Fin de la fiesta» se presenta, por lo tanto, como una de las principales estrategias de la campaña, en una época donde la austeridad ha regresado a la discusión pública y los ciudadanos exigen medidas tangibles ante la crisis financiera y la ineficacia gubernamental.
