En 2025, Bolivia sigue en el centro de la atención internacional por sus vastas reservas de litio, esenciales para la transición energética global. Sin embargo, lo que debería ser una bendición económica se ha convertido en un foco de tensiones sociales, políticas y económicas.
El modelo estatal vs. la inversión extranjera
El gobierno del MAS (Movimiento al Socialismo), ahora bajo el liderazgo de Evo Morales o un sucesor cercano a su línea, mantiene un control férreo sobre los recursos del litio a través de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Sin embargo, la falta de tecnología y capital para una explotación a gran escala ha llevado a acuerdos con empresas chinas, rusas y, recientemente, estadounidenses.
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Acuerdo con CATL (China): La gigante de baterías sigue siendo el principal socio, pero avances lentos en la industrialización.
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Presión de EE.UU.: Con el Lithium for Americas Act, Washington ofrece financiamiento a cambio de reducir la dependencia china.
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Protestas locales: Comunidades del Salar de Uyuni exigen mayor participación en las ganancias y denuncian daños ambientales.
La voz de las comunidades indígenas
Las naciones originarias, históricamente marginadas en las decisiones sobre sus territorios, han llevado el conflicto a instancias internacionales:
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Demanda ante la CIDH: Por violación de consulta previa.
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Bloqueos en Potosí: Paros indefinidos contra la extracción sin beneficios locales.
¿Hacia una nueva «Guerra del Gas»?
Analistas políticos temen que, si el gobierno no negocia mejor los términos, Bolivia podría revivir un conflicto similar al de 2003, cuando las protestas derrocaron a un presidente.
