El aumento de las olas de calor prolongadas en España ha puesto de manifiesto un desafío creciente: la pobreza energética estival. Familias vulnerables se ven incapacitadas para mantener un respiro térmico adecuado en sus hogares, enfrentando una disyuntiva entre soportar temperaturas extremas o afrontar facturas eléctricas imposibles de pagar.
Históricamente, la pobreza energética se asociaba con la dificultad de mantener los hogares calientes en invierno. No obstante, el cambio climático ha exacerbado esta situación, convirtiendo el problema de no poder pagar la climatización en verano en un peligro directo para la salud de las personas mayores, los niños y quienes padecen enfermedades crónicas. Estar expuesto a temperaturas extremadamente altas sin acceso a sistemas de enfriamiento puede provocar golpes de calor, deshidratación y serias complicaciones médicas.
Vulnerabilidad económica y social frente al calor
La pobreza energética durante el verano abarca dos aspectos de vulnerabilidad. Primero, el económico, vinculado a la dificultad de pagar facturas eléctricas en aumento durante los meses calurosos. Segundo, el social, que impacta más fuertemente a hogares con menos recursos, familias monoparentales lideradas por mujeres y quienes residen en viviendas mal aisladas o con infraestructuras inadecuadas para combatir las altas temperaturas.
Este fenómeno evidencia la necesidad de abordar la energía como un derecho básico, estrechamente vinculado a la salud, el bienestar y la dignidad de las personas, y no simplemente como un bien de consumo.
Alternativas locales y comunitarias
Dado este reto, se generan soluciones desde la comunidad y el entorno local. Diferentes municipalidades junto a organizaciones sociales están implementando proyectos para la mejora energética, incorporando la instalación de sistemas de aislamiento y mejoras en la eficiencia de los hogares, disminuyendo la necesidad del aire acondicionado. Existen también otras propuestas que ofrecen kits de eficiencia, como bombillas de bajo consumo y ventiladores, acompañados de consejos para mejorar el uso de la energía sin perder comodidad.
La transición energética y la justicia social
Luchar contra la pobreza energética necesita de acciones estructurales que excedan la ayuda temporal. Es fundamental fortalecer la protección de los consumidores vulnerables, asegurar acceso a viviendas adecuadamente equipadas y fomentar políticas de eficiencia energética que contemplen a los sectores más desfavorecidos.
El cambio hacia una economía más sostenible debe ser justo y eficaz, incorporando a las personas que padecen desigualdades en el acceso a la energía. Es fundamental garantizar que la electricidad esté al alcance de todos y que las medidas para adaptarse al cambio climático consideren a las familias más vulnerables frente a las altas temperaturas. La forma en que se aborde este desafío reflejará el nivel de compromiso social y el enfoque centrado en las personas de las políticas climáticas y energéticas del país.
